A partir de este sábado 31 de mayo, en la Ciudad de México se sancionará con penas de 2 a 5 años de prisión la práctica conocida como “pinchazos”, tras la publicación del decreto correspondiente en la Gaceta Oficial, mismo que fue previamente aprobado por el Congreso capitalino.
Esta modificación legal, impulsada por la jefa de gobierno Clara Brugada, tipifica como delito la aplicación de sustancias a una persona sin su consentimiento, ya sea mediante engaños o de forma encubierta.
El objetivo de esta medida es reforzar la protección de la ciudadanía frente a actos que vulneren su seguridad, integridad o dignidad, particularmente en espacios donde este tipo de agresiones han aumentado, como en el transporte público, fiestas o bares.
El decreto introduce el Capítulo III Ter “Administración Subrepticia de Sustancias” al Título Primero del Código Penal local, dentro del apartado sobre delitos contra la vida, integridad física y el derecho a vivir sin violencia.
También se agrega el Artículo 141 Quáter, el cual impone penas de 2 a 5 años de cárcel y multas de entre 50 y 300 días a quienes incurran en esta conducta.
Las sanciones pueden aumentar hasta en un 50 % si se presentan agravantes como el uso de sustancias psicoactivas, narcóticas, psicotrópicas o tóxicas; si se pone en riesgo la vida o salud de la víctima; o si esta pertenece a sectores vulnerables, como menores de edad, mujeres, personas mayores, con discapacidad o integrantes de grupos prioritarios.
También se considerarán agravantes si el acto ocurre en espacios públicos, transporte colectivo, eventos masivos o si se comete contra varias personas al mismo tiempo o de manera continua.
Según el decreto, el delito de “pinchazo” será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación sin que la víctima interponga una denuncia formal.