La jueza Lisa Walsh, del 11.º Circuito Judicial de Florida, emitió este lunes un fallo en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa Cristina Pereyra. La sentencia, dictada sin necesidad de un juicio debido a la reiterada ausencia de los acusados, establece que ambos deberán pagar en conjunto 2,488 millones de dólares.
Esta sanción responde a su presunta participación en un esquema de contratos ilegales que, de acuerdo con la demanda, desvió recursos públicos mexicanos hacia bienes y cuentas bancarias en el sur de Florida.
Según el dictamen, García Luna deberá reembolsar 748 millones de dólares, mientras que a Pereyra se le impuso una multa de 1,740 millones, al considerársela clave en el ocultamiento y traslado de activos. Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad que representa al gobierno mexicano, argumentaron que al no responder a la demanda, los acusados aceptaron implícitamente los hechos expuestos y las sanciones solicitadas.
La UIF afirma que entre 2012 y 2018, García Luna, junto con una red de colaboradores, manipuló contratos en el sector de seguridad para desviar inicialmente 250 millones de dólares. Esta cantidad se incrementó hasta alcanzar más de 580 millones mediante sobreprecios y comisiones ocultas. Según el documento judicial, estos fondos fueron enviados fuera de México, principalmente al condado de Miami-Dade, con el objetivo de ocultar su origen ilícito. El dinero habría sido blanqueado a través de propiedades en Aventura, condominios de lujo y empresas fachada.
Ni García Luna—actualmente preso en Nueva York tras ser condenado por narcotráfico en 2023—ni su esposa respondieron a la demanda civil presentada en 2021. Pese a varias advertencias de la jueza sobre las consecuencias de no comparecer, Pereyra dejó pasar los plazos legales y su abogado terminó por abandonar el caso. Ante esta omisión, la UIF solicitó al tribunal que se dictara una sentencia definitiva por rebeldía, lo que fue aceptado por la jueza Walsh.
El fallo otorga al gobierno mexicano la facultad de embargar bienes en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con las órdenes judiciales. También están involucrados en el caso los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes aún negocian con la UIF, y antiguos subordinados de García Luna que ya han realizado pagos menores, como José Francisco Niembro, quien entregó 330 mil dólares.
Los abogados mexicanos informaron que próximamente presentarán un listado detallado de propiedades y cuentas bancarias durante una audiencia para evaluar los daños. La jueza instó a resolver los acuerdos pendientes lo antes posible para evitar prolongar el proceso y preparar, si es necesario, un juicio contra los demás implicados.
La Fiscalía mexicana recordó que sigue vigente una orden de aprehensión contra Pereyra por delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. No obstante, advirtió que recuperar la totalidad de los 2,500 millones será complicado, ya que muchos activos fueron ocultados en fideicomisos opacos o vendidos. Aun así, el caso marca un precedente relevante en la colaboración entre México y Florida para rastrear fondos de origen ilícito.