La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado por primera vez un procedimiento relacionado con la problemática de las desapariciones en México, al considerar que estas ocurren de forma «sistemática o generalizada». El objetivo es llevar este asunto ante la Asamblea General.
Este procedimiento fue activado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El comité solicitó al gobierno mexicano información sobre la posible existencia de un patrón sistemático o extendido de desapariciones en el país.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, explicó que recibieron “datos fundamentados” que apuntan a que las desapariciones forzadas se están llevando a cabo de forma recurrente o sistemática en el territorio mexicano.
Durante la sesión del viernes del Comité, se evaluó la situación y se decidió activar el mecanismo estipulado en el artículo 34 de la convención. Como primer paso, se enviará al Estado mexicano una solicitud formal de información sobre el contexto actual, sin prejuzgar las etapas siguientes del proceso.
¿Qué establece el artículo 34 de la Convención?
Este artículo indica que, si el Comité recibe información con indicios sólidos de que la desaparición forzada ocurre de manera sistemática o generalizada en un país firmante de la Convención, y tras haber solicitado información al Estado en cuestión, puede presentar el caso de forma urgente ante la Asamblea General de la ONU, a través del secretario general.
El Comité contra la Desaparición Forzada es un grupo de expertos independientes encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su labor incluye colaborar con víctimas, organizaciones civiles, instituciones nacionales de derechos humanos y los propios Estados para localizar a personas desaparecidas, prevenir este delito, sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas.