La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó propuestas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así como al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Destacó que estas modificaciones buscan mejorar las investigaciones y acelerar la localización de personas desaparecidas. Esto se da en el contexto del caso ocurrido en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con una investigación exhaustiva.
Entre las principales iniciativas se encuentra la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, permitiendo la emisión inmediata de alertas nacionales en caso de desaparición.
“El CURP se incorpora como un mecanismo oficial de identificación con fotografía y huellas dactilares, de uso obligatorio en registros administrativos en todos los niveles de gobierno, con capacidad de consulta en tiempo real”, expuso.
Asimismo, se propone la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación para agilizar la apertura de casos sin la necesidad de esperar 72 horas, y la ampliación del Banco Nacional de Datos Forenses, con conexión en tiempo real a la Plataforma Única de Identidad.
Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de las Fiscalías estatales para optimizar las investigaciones y la implementación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual permitirá notificar desapariciones y detectar coincidencias en distintas bases de datos.
Además, se reforzarán las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda, y se garantizará que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atienda a familiares y colectivos de personas desaparecidas.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la reforma busca facilitar el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y ciudadanos, involucrar a la sociedad en el proceso de búsqueda, emitir alertas rápidas y precisas en caso de desaparición, y fortalecer a las fiscalías estatales para agilizar las investigaciones.
Finalmente, destaca que se establecerán nuevas responsabilidades y sanciones para los servidores públicos en la gestión y actualización de información. Asimismo, se endurecerán las penas para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
También se contempla que entidades privadas, como aquellas relacionadas con servicios financieros, transporte, salud, telecomunicaciones y paquetería, contribuyan con información relevante para la búsqueda de personas desaparecidas.