Israel anunció que interrumpirá el suministro de electricidad a Gaza como parte de su estrategia para presionar a Hamas a aceptar la extensión de la primera fase del alto el fuego.
El impacto total de esta medida aún no es claro, pero se prevé que afecte la producción de agua potable, ya que las plantas de desalinización dependen de la electricidad para su funcionamiento.
La semana pasada, Israel suspendió el ingreso de bienes a Gaza, donde residen más de dos millones de personas, en una medida similar al bloqueo impuesto al inicio de la guerra con Hamas. Su objetivo es obligar al grupo palestino a aceptar la extensión de la tregua inicial, que concluyó el fin de semana pasado. Israel busca que Hamas libere a la mitad de los rehenes restantes a cambio de la posibilidad de negociar un cese definitivo de las hostilidades.
Por su parte, Hamas insiste en avanzar hacia una segunda fase del acuerdo, que incluiría la liberación del resto de los rehenes, el retiro de las fuerzas israelíes y un alto el fuego permanente. Se estima que el grupo islamista mantiene cautivos a 24 rehenes con vida y posee los cuerpos de otros 35.
Hamas advirtió que el corte de suministros también afectaría a los rehenes y reiteró su postura tras finalizar sin avances la última ronda de negociaciones con mediadores egipcios, exigiendo el inicio inmediato de la segunda fase del acuerdo.
Mientras tanto, Israel informó que enviará una delegación a Qatar para continuar las negociaciones. Anteriormente, ya había advertido sobre la posibilidad de cortar el suministro de agua y electricidad. Ahora, el Ministerio de Energía ha ordenado a la Corporación Eléctrica detener la venta de energía a Gaza.
El conflicto ha devastado la infraestructura del territorio, y actualmente se utilizan generadores y paneles solares como fuentes alternativas de energía. La interrupción del suministro eléctrico podría afectar el bombeo de agua y el saneamiento.
La decisión de Israel ha sido fuertemente criticada. La oficina de derechos humanos de la ONU advirtió que bloquear el acceso a bienes esenciales podría constituir un castigo colectivo. Además, la Corte Penal Internacional ha señalado que existen indicios de que Israel ha empleado el hambre como arma de guerra, lo que también es un punto clave en la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio.
Israel rechaza estas acusaciones, asegurando que ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria y responsabilizando a la ONU por las dificultades en su distribución. También ha acusado a Hamas de desviar los suministros.
El alto el fuego ha frenado temporalmente los enfrentamientos más letales del conflicto, originado por el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En la primera fase del acuerdo, se logró la liberación de 25 rehenes vivos y la entrega de los cuerpos de ocho más, a cambio de la excarcelación de casi 2,000 prisioneros palestinos.