El exgobernador de Michoacán y exsenador, Silvano Aureoles Conejo, fue arrestado en Jalisco tras haber sido reportado como prófugo en el marco de un nuevo operativo dirigido contra exfuncionarios implicados en delitos contra la población.
Aureoles Conejo enfrenta acusaciones por peculado, manejo de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Asimismo, varios integrantes de su administración, vinculados con el desvío de fondos públicos en Michoacán, han sido objeto de tres órdenes de aprehensión.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevaron a la emisión de órdenes de captura relacionadas con el desvío de 4 mil millones de pesos.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha presentado más de 13 denuncias en contra de Aureoles Conejo y otros exfuncionarios, entre ellos los exsecretarios de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez y Juan Antonio Bernal Bustamante.
Según el Registro Nacional de Detenciones, hasta el momento han sido capturados Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la misma dependencia, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Las órdenes de aprehensión están relacionadas con la supuesta construcción de al menos siete cuarteles durante el mandato de Aureoles Conejo, en los cuales solo se declararon 4 mil millones de pesos al finalizar la obra, a pesar de que el gasto real habría superado los 100 millones por cada uno.
El Registro Nacional de Detenciones detalla que Carlos Maldonado Mendoza fue arrestado alrededor de las 9:00 a.m. en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Por su parte, Mario Delgado Murillo fue capturado en su domicilio en la colonia Bella Vista de Morelia a las 6:00 a.m. del sábado, mientras que Elizabeth Villegas Pineda fue detenida en Praderas de Morelia a las 7:54 a.m.
Además de peculado, se les investiga por posibles delitos relacionados con el lavado de dinero y la administración de recursos públicos.