El régimen talibán en Afganistán ha emitido un decreto que prohíbe la instalación de ventanas en edificios residenciales para evitar que las mujeres puedan ser vistas desde el exterior. La medida, firmada por el líder Hibatullah Akhundzada y publicada en la red social X, aplica tanto a edificaciones existentes como a las que se construyan en el futuro.
El decreto establece que las ventanas no deben permitir la visibilidad hacia áreas como patios, cocinas o pozos de los vecinos, lugares donde habitualmente están presentes mujeres. Según el documento, observar a mujeres realizando tareas domésticas o recolectando agua podría generar «actos obscenos».
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid comunicó que las propiedades que no cumplan con estas normas deberán bloquear la visibilidad.
Esta restricción ha sido duramente criticada por activistas como Heather Barr, subdirectora de derechos de las mujeres en Human Rights Watch, quien señaló que estas acciones buscan eliminar la presencia y visibilidad de las mujeres. “Están impidiendo que las mujeres vean el mundo y que el mundo las vea. Es una aniquilación completa de su identidad”, afirmó Barr en declaraciones a The Independent.
Desde que los talibanes retomaron el poder tras la retirada de las fuerzas occidentales en 2021, las restricciones hacia las mujeres han ido en aumento. Se les ha excluido de la educación, el trabajo, los espacios públicos, el deporte e incluso se les ha prohibido asistir a gimnasios y salones de belleza. Además, el Ministerio de Economía anunció que las ONG nacionales e internacionales que empleen mujeres podrían perder sus licencias, dificultando la prestación de asistencia humanitaria esencial, según Naciones Unidas.
Organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación por las restricciones, destacando que estas afectan gravemente la ayuda humanitaria en un país donde la mitad de la población vive en pobreza extrema.
A pesar de que los talibanes niegan interferir en estas actividades, informes recientes señalan un aumento de controles y detenciones arbitrarias de trabajadores humanitarios, lo que complica aún más la situación.