La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la ex presidenta Cristina Kirchner. Se le acusa de haber beneficiado al empresario Lázaro Báez en licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. La decisión fue emitida este miércoles por la Sala IV de la Cámara, confirmando la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de diciembre de 2022.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que integran el tribunal, rechazaron los recursos de apelación de la defensa y de la fiscalía, manteniendo en firme las condenas y absoluciones previas.
La defensa de Kirchner anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la última instancia disponible para evitar la ejecución de la pena.
Kirchner fue condenada por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y absuelta de la acusación de asociación ilícita, la cual implicaba una responsabilidad mayor en el caso.
A pesar de la confirmación de la condena, Kirchner no irá a prisión de inmediato. En Argentina, las penas se aplican una vez agotadas todas las apelaciones, y el recurso ante la Corte Suprema podría tardar años.
Sin inmunidad parlamentaria que la proteja, su edad (71 años) le permitiría solicitar prisión domiciliaria si la sentencia queda firme. En ese caso, una ley conocida como “Ley de Ficha Limpia”, en debate en el Congreso, podría impedirle competir por cargos públicos en el futuro.
Además de la prisión e inhabilitación, el fallo ordena el decomiso de bienes y fondos valorados en 84.835 millones de pesos argentinos, que se ejecutaría una vez que la sentencia sea definitiva, informó Gustavo Hornos, presidente del tribunal.
La Cámara también ratificó las condenas de otros exfuncionarios y del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, señalado como socio de la familia Kirchner.
Báez, quien cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz por otros delitos, fue uno de los mayores beneficiados por los contratos de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La defensa de Kirchner sostiene que los contratos de obra pública fueron revisados y considerados legítimos en su momento, y argumenta que el proceso en su contra es una “persecución judicial” motivada políticamente. Los aliados de Kirchner consideran las condenas como un intento de reducir su influencia política, mientras que sus opositores ven el fallo como un esfuerzo por hacer responsables a los altos funcionarios por presunta corrupción.