Un grupo de 45 países miembros de la ONU solicitó al Consejo de Derechos Humanos que Venezuela «detenga la creciente represión contra opositores políticos y manifestantes en todo el país» y libere de inmediato y sin condiciones a los detenidos de manera arbitraria.
La declaración, leída por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, también insta a las autoridades venezolanas a cumplir «sin restricciones» las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención.
Entre los países que respaldan esta declaración se encuentran varias naciones latinoamericanas, como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, además de miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, junto con Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.
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