La Ley Paola Buenrostro fue publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX) y establece el transfeminicidio como un delito que será sancionado con penas de entre 35 y 70 años de prisión.
La capital se convierte en la segunda entidad en el país en tipificar este delito, siguiendo a Nayarit, que lo hizo en marzo.
El viernes, la Jefatura de Gobierno de la CDMX publicó en la Gaceta las reformas al Código Penal y Civil de la ciudad, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, las cuales fueron aprobadas el 18 de julio por el Congreso local.
La «Ley Paola Buenrostro» honra a la primera víctima de transfeminicidio en México, Paola Buenrostro, asesinada en 2016. Según el decreto, esta ley busca «garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia transmisógina» y sancionar la violencia extrema contra mujeres trans.
Las modificaciones al Código Penal de la CDMX contemplan penas de 35 a 70 años de prisión por transfeminicidio, y estas se agravarán hasta en un tercio si la víctima presenta señales de saña relacionadas con su identidad de género o si el delito ocurre en circunstancias agravantes, como en el contexto del trabajo sexual, explotación sexual, o cuando la víctima es menor de edad, una persona con discapacidad, o una persona adulta mayor trans, entre otras.
Además, los sentenciados por feminicidio deberán ser inscritos en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, por un periodo de entre 10 y 30 años.
Por último, se añade un párrafo al artículo 118 del Código Civil para permitir que, en caso de que los familiares de una persona transgénero fallecida se nieguen a realizar el trámite de defunción o vulneren su identidad de género, el acta pueda ser tramitada por un miembro de la «familia social» de la persona trans, de acuerdo con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
El decreto entrará en vigor el sábado 24 de agosto, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Hasta la fecha, solo CDMX y Nayarit tipifican el transfeminicidio como delito, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecen que toda muerte violenta de una mujer trans debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio, y exigen a los congresos locales implementar medidas que aseguren justicia para este sector de la población.