Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó la ley denominada “One Big Beautiful Bill Act”, una extensa propuesta legislativa de casi 900 páginas que contempla la extensión permanente de los recortes fiscales de 2017, el endurecimiento de los requisitos para acceder a Medicaid, mayores recursos para la seguridad fronteriza y, por primera vez en la historia reciente, un impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas al extranjero por inmigrantes que no tengan ciudadanía ni residencia permanente legal en Estados Unidos.
La aprobación de la medida fue celebrada con entusiasmo por los republicanos, quienes estallaron en aplausos cuando el presidente de la Cámara, Mike Johnson, golpeó el mazo a las 6:57 a.m.
“Este es un día trascendental… En la Cámara afirmamos que ha vuelto a amanecer en Estados Unidos”, declaró, acompañado por líderes de su partido. “Hoy aprobamos una legislación histórica que reduce el gasto público, baja los impuestos de forma permanente y refuerza la seguridad en la frontera”, dijo según el medio The Hill, en línea con el discurso presidencial.
La imposición a las remesas fue uno de los aspectos más polémicos durante las intensas negociaciones que se prolongaron 24 horas antes del voto final. Inicialmente, la propuesta planteaba un impuesto del 5 %, pero varios legisladores republicanos de distritos fronterizos —preocupados por las posibles consecuencias diplomáticas y el impacto en sus comunidades hispanas— lograron que se introdujera una enmienda que redujo la tasa al 3.5%.
A pesar del ajuste, los demócratas se mostraron en desacuerdo. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de recortar ayudas médicas y alimentarias a millones de personas para beneficiar con rebajas fiscales a los más ricos, y criticó el nuevo impuesto por “afectar directamente a las familias migrantes”.
El gravamen se aplicará exclusivamente a quienes no puedan demostrar su ciudadanía estadounidense ni contar con una “green card”. Esto incluye a personas con visas temporales como H-2B, F-1 o L-1. En cambio, los ciudadanos naturalizados y residentes permanentes estarán exentos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) deberá establecer las directrices para su implementación en un plazo de 90 días tras su promulgación.
Los republicanos estiman que esta medida podría generar hasta 12 mil millones de dólares anuales, fondos que se destinarían a construir 701 millas adicionales de muro y 900 millas de barreras a lo largo de ríos. Sin embargo, organizaciones como el National Immigration Law Center advierten que este tipo de impuestos puede fomentar el uso de canales informales para el envío de dinero, debilitando así la base fiscal que se pretende fortalecer.