El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea poner en marcha en 2026 una de las estrategias migratorias más severas de las últimas décadas, respaldada por un financiamiento federal histórico que permitirá intensificar redadas, ampliar centros de detención y acelerar deportaciones, incluso en sectores laborales clave para la economía, pese al creciente rechazo social y político de cara a las elecciones intermedias.
Desde su retorno a la Casa Blanca, la administración ha reforzado la presencia de agentes migratorios en grandes ciudades, con operativos en zonas habitacionales que han generado choques con comunidades locales. Aunque en 2025 hubo acciones de alto impacto, el gobierno evitó intervenir de forma amplia en granjas, fábricas y empresas estratégicas que dependen de trabajadores migrantes sin documentos.
Ese escenario cambiará tras la aprobación, en julio, de un paquete de gasto impulsado por el Congreso republicano, que destina 170 mil millones de dólares adicionales al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029. El incremento —muy superior a los presupuestos anuales actuales— permitirá contratar miles de agentes, abrir nuevos centros de detención, aumentar arrestos en cárceles locales y subcontratar empresas privadas para localizar a personas sin estatus legal.
La expansión del plan ocurre en medio de señales de desgaste político. En Miami, ciudad con alta población inmigrante, la elección de un alcalde demócrata tras casi tres décadas fue atribuida en parte al rechazo a la política migratoria de Trump. Encuestas y comicios locales muestran una preocupación creciente, al percibirse la estrategia como una vulneración de derechos, del debido proceso y una militarización de los barrios.
El descontento se ha agudizado por operativos con agentes enmascarados, uso de gases lacrimógenos en áreas residenciales y detenciones de ciudadanos estadounidenses. Comercios han cerrado temporalmente, familias han dejado de enviar a sus hijos a la escuela y algunas personas portan pasaportes por temor a redadas.
Pese a ello, la Casa Blanca anticipa que las deportaciones seguirán aumentando. Trump también retiró el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos, ampliando de forma considerable la población sujeta a expulsión.
