Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre las investigaciones en torno a casinos y casas de apuestas del país que habrían sido detectados con presuntas actividades irregulares.
Se identificaron 13 establecimientos, tanto físicos como digitales, que operan en ocho entidades del país y que estarían vinculados con lavado de dinero. Los estados señalados son: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Sheinbaum subrayó la necesidad de actualizar la legislación vigente, ya que todos los negocios deben sujetarse a una normatividad clara. “Existen muchos casinos digitales, y esta forma de apostar debe regularse, pues se presta al lavado de dinero”, expresó.
El modus operandi de estas operaciones consiste en el uso de personas físicas —trabajadores, jubilados y estudiantes— para canalizar fondos mediante la suplantación de identidad y uso de tarjetas prepagadas, mismas que son empleadas para realizar apuestas en plataformas digitales.
El hallazgo fue resultado de un operativo conjunto encabezado por el gabinete de seguridad federal, bajo la dirección del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
García Harfuch explicó que el trabajo conjunto permitió detectar patrones de riesgo, operaciones fiscales inusuales y vínculos financieros internacionales que comprometían la integridad del sistema financiero nacional.
Entre las principales irregularidades encontradas, destacan:
-Operaciones en efectivo y simulaciones fiscales dentro de los casinos.
-Flujos internacionales sin justificación, con transferencias hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
-Plataformas digitales no supervisadas, que canalizaban pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Finalmente, la funcionaria Grisel Galeano García precisó que los responsables de estas redes utilizan la identidad de personas que desconocen las operaciones para realizar movimientos financieros disfrazados de apuestas, una práctica que afecta principalmente a jóvenes y sectores vulnerables.