La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes autorizar al presidente Donald Trump a enviar tropas de la Guardia Nacional al área de Chicago, mientras se resuelve una demanda presentada por autoridades de Illinois. La decisión mantiene vigente una orden judicial que bloquea, por ahora, el despliegue de cientos de efectivos solicitado por el gobierno federal.
En una resolución no firmada, la mayoría del tribunal señaló que, en esta etapa inicial, la administración no ha demostrado contar con una base legal que permita a los militares hacer cumplir las leyes en Illinois. Los jueces indicaron además que la facultad presidencial para federalizar a la Guardia Nacional sólo aplicaría en situaciones excepcionales. Tres magistrados conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch— expresaron su desacuerdo.
La Casa Blanca defendió la postura de Trump, asegurando que su objetivo es reforzar la aplicación de las leyes migratorias y proteger a funcionarios e instalaciones federales. En contraste, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró el fallo como un freno al “abuso de poder” y advirtió sobre un avance hacia prácticas autoritarias.
El caso representa un revés poco habitual para Trump en un tribunal con mayoría conservadora, que en otras ocasiones ha respaldado amplias atribuciones presidenciales. El mandatario había ordenado despliegues en ciudades como Chicago y Portland, tras acciones similares en Los Ángeles, Memphis y Washington, D.C., argumentando que eran necesarias ante protestas vinculadas a su política migratoria.
Mientras la administración describe estas ciudades, gobernadas por demócratas, como escenarios de caos y violencia, autoridades locales y jueces federales han cuestionado esa narrativa, señalando que las protestas han sido limitadas y en su mayoría pacíficas. Una jueza federal concluyó que no existían pruebas de rebelión ni de incapacidad para aplicar la ley, y advirtió que la presencia militar podría agravar la tensión.
Illinois y Chicago demandaron al gobierno tras la federalización de efectivos de la Guardia Nacional estatal y el envío de tropas desde Texas, acciones que consideran ilegales. Aunque el Departamento de Justicia insistió en que las fuerzas federales enfrentan amenazas constantes, los gobiernos locales sostienen que han controlado la situación sin necesidad de intervención militar.
El litigio continúa su curso, mientras otros estados, como Oregón, también impugnan despliegues similares. Por ahora, la Corte Suprema optó por no avalar el uso de la Guardia Nacional en Chicago, manteniendo el bloqueo judicial a la estrategia de Trump.
