En México, la mayoría de las personas con Alzheimer no reciben un diagnóstico a tiempo: hasta 9 de cada 10 casos permanecen sin identificar, y quienes logran un diagnóstico enfrentan demoras de entre tres y diez años desde la aparición de los primeros síntomas. Esta situación, documentada por Economist Impact & Lilly y respaldada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, refleja una crisis silenciosa que afecta a millones de familias.
El Alzheimer impacta al 7,9% de los adultos mayores de 60 años en el país, con mayor prevalencia en mujeres (9,1%) y en comunidades rurales (9,4%). No obstante, los expertos advierten que el subdiagnóstico alcanza niveles críticos: alrededor del 90% de los casos permanecen sin detectar, lo que limita la atención y agrava la carga para familias y sistemas de salud.
El acceso al diagnóstico temprano se ve obstaculizado por múltiples factores. México dispone de menos del 10% de los equipos de resonancia magnética en comparación con los países desarrollados, cuenta con escasos biomarcadores y carece de protocolos nacionales estandarizados. Además, la falta de formación especializada en el primer nivel de atención y la fragmentación entre instituciones públicas y privadas retrasan la atención.
La ausencia de campañas nacionales, de un registro oficial de casos y de datos epidemiológicos confiables refuerzan la invisibilidad de la enfermedad. Aunque en 2024 se actualizó el Plan Nacional de Demencia, su aplicación sigue siendo limitada y no existe un sistema unificado de información.
El retraso en el diagnóstico tiene un efecto profundo en las familias, ya que el cuidado no remunerado —ejercido principalmente por mujeres— representa el 17,6% del PIB, una cifra superior a la de países de la OCDE. Esta carga económica y emocional incrementa las desigualdades y deja a los cuidadores sin apoyos suficientes.
Ante este panorama, especialistas recomiendan:
-Fortalecer la detección en todos los niveles de atención.
-Lanzar campañas nacionales de sensibilización.
-Estandarizar protocolos para el diagnóstico temprano.
-Invertir en infraestructura médica, sobre todo en zonas rurales.
-Crear un sistema nacional de datos epidemiológicos.
-Brindar apoyo formal a cuidadores mediante capacitación, financiamiento y servicios especializados.
Con más de 35 millones de personas mayores proyectadas para 2050, no actuar de forma decidida podría convertir al Alzheimer en una amenaza creciente para la salud pública y la economía nacional.