La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional con el fin de establecer una ley general contra la extorsión, delito que —según reconoció— continúa en aumento, a pesar de la disminución de otros tipos de criminalidad.
La propuesta plantea que la extorsión sea perseguida de oficio en todo el país, lo cual implicará modificar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda legislar de manera uniforme sobre este delito en el ámbito nacional.
Sheinbaum explicó que, aunque ya se ha puesto en marcha una estrategia nacional para enfrentar la extorsión, se requiere de un marco jurídico que le dé solidez. En este contexto, se ha habilitado la línea 089 como un canal de denuncia anónima que protege la identidad de las víctimas, brindando seguridad y facilitando el proceso de denuncia.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, precisó que la reforma incorporará la extorsión dentro del conjunto de delitos sobre los que el Congreso puede emitir leyes generales, al igual que ocurre con crímenes como el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura. La iniciativa también considera la creación de un tipo penal único, así como el establecimiento de agravantes, sanciones, delitos relacionados y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño.
La presidenta subrayó que con esta reforma el Estado asumirá la responsabilidad de investigar y sancionar este delito, liberando a las víctimas de la obligación de denunciar.
“Hoy en día, quien sufre extorsión debe presentar la denuncia, lo cual pone en riesgo su seguridad. Con esta reforma, será el Estado mexicano quien inicie la investigación, porque la víctima no es solo una persona: somos todos, es la sociedad y es el propio Estado”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.
Asimismo, destacó que la aprobación de esta reforma permitirá crear una legislación general que sea de cumplimiento obligatorio en todas las entidades del país, con el objetivo de armonizar sus marcos normativos.