En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el propósito central de eliminar por completo esta práctica.
Esta fecha conmemora la entrada en vigor, en 1987, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Actualmente, 174 países forman parte de dicho tratado internacional.
La Organización de las Naciones Unidas define la tortura como cualquier acto en el que un funcionario público, o alguien que actúe en su nombre o con su autorización, cause de forma deliberada un dolor o sufrimiento intenso, ya sea físico o psicológico, a una persona. Esto puede tener como fin obtener información o confesiones, castigar por un acto real o presunto, intimidar o coaccionar, o bien discriminar por cualquier motivo.
La tortura está categóricamente prohibida por el derecho internacional, sin excepción alguna. Esta prohibición constituye una norma consuetudinaria, lo que implica que todos los Estados están obligados a cumplirla, incluso si no han firmado tratados específicos al respecto.
La condena internacional contra la tortura se manifestó por primera vez en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más tarde, en 1975, motivada por las acciones de diversas organizaciones no gubernamentales, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante las décadas de 1980 y 1990 se produjeron importantes avances normativos: en 1981 se estableció el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura, destinado a apoyar a organizaciones que brindan ayuda a las personas afectadas y a sus familias.
En 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura, que entró en vigor tres años después. Para supervisar su cumplimiento, se creó el Comité contra la Tortura, integrado por expertos independientes.
Además, en 1985, la Comisión de Derechos Humanos designó al primer Relator Especial sobre la tortura, responsable de documentar y analizar esta práctica a nivel global. Asimismo, se promovieron resoluciones que establecían principios para el trato digno de personas detenidas, subrayando el papel crucial del personal de salud en la prevención de abusos.
