La Ley General de Aguas comenzó a aplicarse este viernes 12 de diciembre, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Junto con ella, se aprobaron modificaciones, adiciones y derogaciones a diferentes artículos de la Ley de Aguas Nacionales.
Esta nueva normativa funge como reglamento del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución, y garantiza el derecho humano al acceso, uso y saneamiento del agua destinada al consumo personal y doméstico.
Según establece el documento, la Ley define los principios, apoyos y modalidades para asegurar un acceso equitativo y sostenible al agua; reconoce su relación con otros derechos humanos, y distribuye competencias entre la Federación, los estados y los municipios, incluyendo los casos en que estas responsabilidades deben coincidir.
El propósito central es precisar el alcance del derecho humano al agua y fijar las reglas que aseguren un acceso igualitario y un uso responsable de los recursos hídricos. También busca proteger, promover y garantizar el suministro, la disponibilidad y el saneamiento del agua conforme a la Constitución y a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Asimismo, la Ley determina los mecanismos y estructuras para que los tres órdenes de gobierno participen en la protección de este derecho, y define los instrumentos de participación ciudadana para asegurar un uso equitativo y sostenible del agua destinada al consumo personal y doméstico. Incluye también medidas para garantizar servicios públicos de agua y saneamiento de manera justa y sustentable, así como para reforzar las bases de su funcionamiento.
Finalmente, establece los lineamientos de políticas públicas que integren enfoques de género, discapacidad, interculturalidad, generaciones, ecosistemas y edad, con el fin de asegurar condiciones de equidad en la gestión del agua y fomentar una cultura de uso responsable.